Culiacanazo o el réquiem del neoliberalismo securitario

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Por Arsinoé Orihuela Ochoa*.- Ya han transcurrido algunos meses –acaso eternos para la febril temporalidad del periodismo digital– desde aquel renombrado incidente del 17 de octubre de 2019, folklóricamente conocido como el cualiacanazo.

Fecha en que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en respuesta a una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, efectuaron un operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, y el último capi di tutti capi en los relatos míticos del narcotráfico nacional.

Que decidiera escribir con tal retraso sobre este asunto se explica básicamente por una razón: que, acaso como todos los fenómenos envueltos en misticismos rocambolescos, este episodio exigía un cierto apartamiento temporal a efectos de identificar, en análisis retrospectivo, el significado –y no apenas la cronología– de lo ocurrido.

Adviértase que introduje el tema sin calificativos, refiriendo al operativo tan sólo como tal, sin el tradicional juicio de valor que a menudo acompaña la referencia: “fallido”.

Mas allá de los detalles logísticos o estrictamente militares de la operación, la valoración acerca de lo sucedido aquel día –si fue fallida o exitosa la acción en sí– obedece a la perspectiva del observador.

Aquellos que a botepronto o sin el menor reparo califican de “fallido” el operativo, comúnmente comparten la visión generalizada que sobre el narcotráfico prevalece en nuestro país.

Es decir, que se trata esencialmente de un problema de economía ilegal que involucra a las drogas o a los traficantes de droga, y cuya cualidad delictiva representa ex profeso una amenaza a la soberanía del Estado.

Tal amenaza, exógena a la unidad estatal, perfila o constituye, de acuerdo con esta narrativa, un problema de “seguridad”, principalmente en el caso de los países del “tercer mundo” como México, porque es allí donde la falla o ausencia de recursos estatales es más crucial.

Este razonamiento conduce irremediablemente al diagnóstico del “Estado fallido” (failed state). Ergo, si resulta fallido un operativo militar contra eso que la vasta mayoría entiende por narcotráfico (destrucción de plantíos de droga o captura de traficantes de droga) fallido es el Estado en su conjunto. Todo el pensamiento místico neoliberal conservador gravita alrededor de este axioma.

Sirva de ejemplo el caso de Ovidio Guzmán: que el Ejército resolviera dejar en libertad al hijo del “El Chapo” –por instrucción del Ejecutivo Federal– es interpretado por la prensa tradicional como un fracaso en la lucha contra el narcotráfico.

Irónicamente, nadie parece reparar en que el abatimiento-captura de cientos de jefes del narcotráfico, incluso los más temidos o connotados, nunca se tradujo en una contracción de la esfera criminal o la disminución de la violencia de alto impacto.

Y es que la razón neoliberal descansa sobre una falsa premisa: a saber, que el narcotráfico es un problema de seguridad que atañe al delito y las drogas –y no a la política y al Estado que ellos mismos prohijaron.

En este sentido, y por oposición a la naturalizada doxa oscurantista, la tesis que acá planteo es que este bodrio ideológico expiró en Culiacán.

El llamado culiacanazo es el primer signo exitoso de transición en lo relativo a la problemática del narcotráfico, acaso porque desmonta las lógicas sobre las que nuestro país fue arrastrado –por la miopía neoliberal conservadora– a un baño de sangre. Consideremos esta hipótesis: el cualiacanazo consigna el fin del neoliberalismo securitario. Arriesguemos otra más osada: los neoliberales están derrotados.

Los estertores de la derrota neoliberal se escuchan sonoramente en Chile y México. Por un flanco el santiagazo; por el otro, el culiacanazo.

Pero ¿qué posible conexión podría existir entre estos dos episodios tan apartados geográficamente el uno del otro? Me permito una digresión para aclarar tal conexión.

El neoliberalismo tiene básicamente dos columnas: una económica, otra securitaria. Una sostiene a la otra, y condiciona-determina lo político.

En lo económico, el neoliberalismo es una estrategia para restaurar la tasa de ganancia de los ricos y poderosos, desinflando el salario, despatrimonializando a los pueblos, y concentrando la renta.

Baste, como muestra, el salario humillante de un trabajador de Oxxo (mil 200 pesos a la quincena o 60 dólares) vis-à-vis los grandes rentistas nacionales como Germán Larrea (13 mil millones de dólares) o el señor de la telefonía nacional (64 mil millones de dólares) que lucran no con innovaciones empresariales sino con patrimonio público usurpado políticamente.

Ahora, en este renglón el caso más agravante es el chileno. Ha sido tal la presión deflacionaria del salario, y tal la concentración de patrimonio y riqueza, que la asimetría e injusticia llegaron a niveles humanamente insoportables.

El estallido –conocido como el santiagazo, en referencia al epicentro de las protestas–, que no recula a pesar de la rabiosa represión gubernamental, en el país que ensayó antes que todos el programa económico neoliberal, es una señal inequívoca de defenestración de ese modelo. (Advierto que acudo a la materia solo con fines referenciales; el análisis de las protestas en Chile amerita un trabajo enciclopédico).

Ahora bien, el neoliberalismo genera tal grado de inconformidad social por su vocación manifiestamente antipopular, antisocial y antinacional, que los dueños del mundo necesitan protegerse de la población; esto es, de una posible acción organizada de la sociedad contra esta “estafa maestra”.

Allí entra en escena la “seguridad nacional”, que es la fórmula securitaria del neoliberalismo, y que consiste en convertir todos los problemas políticos en problemas de seguridad. Cuando la presión social llega al cuello de los neoliberales, estos apresuran la fabricación de teatros de guerra, con el propósito de abolir o suspender la política y facilitar el latrocinio.

No es accidental que Felipe Calderón instalara la lógica de guerra en el marco de la agitación popular que desató el aparatoso fraude electoral de 2006.

Para efectos de legitimar el escenario bélico, los neoliberales mexicanos recrearon hasta la náusea la idea de un enemigo: el narcotráfico. Presentaron al antiguo socio como un desafío a la soberanía nacional, y refrendaron la fantasía de una “captura del Estado” por tales actores ilegales.

En suma, trasladaron un problema político –el narcotráfico– a la esfera de la seguridad.  Y, por último, decretaron, a fin de consumar un triunfo electoral fraudulento y preservar “haiga sido como haiga sido” el orden establecido, la llamada guerra contra el narcotráfico.

Paco Ignacio Taibo acierta cuando advierte que los neoliberales son como el Rey Midas al revés: todo lo que tocan lo convierten en caca.

Pongamos por caso la guerra, y cuya evidencia sugiere que perseguía básicamente dos objetivos: uno, desencadenar las ventajas que entraña la guerra en sí (suspensión del derecho, autoritarismo político etc.); y dos, restaurar la centralidad del Estado en los acuerdos de gobernabilidad con el actor narco –por oposición a una rectoría descentralizada sujeta al comando de autoridades de rango inferior (gubernaturas, alcaldías etc.).

El primer objetivo fue un éxito: devastaron al país, aplastaron a la oposición, pulverizaron a la sociedad y prolongaron dos sexenios el dominio neoliberal.

El segundo objetivo fue un fracaso proverbial. Y es que cometieron tres errores críticos: uno, anunciaron estridentemente la guerra, precipitando la militarización de los cárteles del narcotráfico; dos, enfocaron la estrategia a la persecución de jefes de la droga, dejando intocada la estructura criminal que habita dentro del campo de la política; y tres, dejaron entrar hasta la cocina a los estadounidenses, ¡y con licencia para portar armas!  

No aprendieron de los errores de sus homólogos conservadores, José López Portillo y Miguel de la Madrid, que, en los decenios 1970-1980, incurrieron en despropósitos equiparables, propiciando una escalada de violencia en el país y favoreciendo la cartelización del narcotráfico. Y no es que los conservadores tropiecen con la misma piedra dos veces: es que todo lo que tocan lo convierten en caca.

El culiacanazo, y particularmente la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de interrumpir el operativo y liberar, tras una efímera aprehensión, a Ovidio Guzmán, desactiva, en una sola disposición presidencial, toda la parafernalia neoliberal securitaria, y corrige el craso error de los conservadores: tratar de establecer acuerdos de gobernabilidad con el narcotráfico.

Para tal efecto, AMLO invierte el orden neoliberal de los factores, a saber: anuncia públicamente la urgencia de pacificación por oposición a la guerra; renuncia a la persecución de los capos de la droga, orientando tales esfuerzos hacia la corrupción que se aloja al interior de las instituciones del Estado; y, por último, aborta una operación militar que sí implicaba una amenaza a la soberanía nacional porque había sido orquestada por las agencias de un gobierno extranjero.

Asistimos, en Culiacán, al réquiem del neoliberalismo securitario.

*Morena Exterior, Comité Argentina.

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