Atención a víctimas y austeridad, primeros ejes de la CNDH

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Foto: Cámara de Diputados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se sumará este 2020 a la Austeridad Republicana para “no ser la más costosa a nivel mundial, sino la más eficiente en su tarea” anunció la ombudsperson, María del Rosario Piedra Ibarra, al presentar el  Informe de Actividades 2019 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tan sólo el último periodo de la anterior dirigencia, precisó Piedra Ibarra, el órgano independiente al gobierno tuvo un gasto de 8 millones de pesos en comidas, reuniones y viajes, además de casi 2 millones de pesos por viáticos. “Eso no va a volver a pasar”, aseguró. 

Entre las acciones que ha realizado en los pocos meses en el cargo, Piedra Ibarra refirió que retabuló los salarios de los servidores en la institución, para que no ganen más que el presidente de la República. 

Además, agregó: se eliminaron los bonos, primas, ayudas, “falsos estímulos” y celulares provistos por la dependencia. 

“Llegamos a la CNDH con un mandato claro de reforma para mejorar su atención a las víctimas y su capacidad de respuesta, para optimizar recursos y garantizar la eficacia y prontitud a que estamos obligados, para recuperar la credibilidad de la institución y para actuar cerca del pueblo”, señaló. 

Este año, la CNDH eliminará los gastos de viajes innecesarios al extranjero, los destinados a realizar eventos y no habrá contrataciones de externos para elaborar planes. En suma, habrá un ahorro del 30%. 

“Estoy convencida que podemos iniciar una etapa nueva y mejor imprimiendo un ritmo contundente y definitivo a la prevención y defensa de los derechos humanos en México, a partir de un cambio de enfoque y actuación. Es indispensable involucrar a las víctimas y a toda la sociedad, es la única manera de asegurar la garantía de no repetición, que no haya más víctimas”, enfatizó. 

Entre las principales tareas previstas por la CNDH para este año, destacan la creación de mecanismos para supervisar los casos y la reparación de los daños; crear módulos itinerantes en las comunidades para mantener una cercanía con la sociedad, armonizar los protocolos de acción y generar uno para que las quejas urgentes tarden de tres a cinco días en ser atendidas.


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